Expediente · Seguimiento al GobiernoN.º 20
Expediente De la Espriella N.º 20
El gobierno revocó la reserva que cerraba toda la Amazonía a nuevas minas y pozos, nombró a Viviane Morales para revisar la paz y bajó la inversión de 2027 en 21 departamentos.
Por Andrés Tafur VillarrealPublica la RED Quynza · diseño y diagramación de Dial
8 min de lectura

Decisiones del 23 al 27 de oct.
El 23 de octubre el Ministerio de Ambiente firmó la Resolución 1405, que revoca la Resolución 0961 del 4 de agosto. La 0961 declaraba el bioma amazónico reserva definitiva de recursos naturales renovables [MinAmbiente, 26/10]. Esa reserva cubría 483.283 km², el 42% del país, y prohibía nuevas concesiones mineras, nuevos contratos de hidrocarburos y nuevas licencias para esas actividades. Los títulos y contratos vigentes seguían hasta su vencimiento, sin prórroga [La Silla Vacía, 26/10]. Duró 80 días.
El ministro Fabio Arjona dio dos razones. La primera: la norma se expidió sin terminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La segunda: “no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma” y creaba incertidumbre económica. La llamó una resolución “expedida a último minuto por el gobierno anterior” y dijo que el ministerio podrá tomar nuevas medidas después de la consulta, sin dar fecha [MinAmbiente, 26/10].
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Este gobierno invoca la consulta previa con las comunidades afro para tumbar una protección ambiental, y hace dos semanas la debilitó. La Directiva 06 eliminó el test de proporcionalidad y permite cerrar consultas sin acuerdo [Cambio, 14/10]. Además, la Resolución 0961 ya decía que la reserva no afectaría los territorios colectivos afro mientras no terminara esa consulta [La Silla Vacía, 26/10]. Es decir, la norma ya protegía a las comunidades afro en ese punto, y aun así el gobierno la revocó en el 42% del país, incluidos los territorios donde la consulta indígena sí se hizo.
La reserva era un obstáculo para Libero Cobre, filial de la canadiense Copper Giant, que tiene títulos mineros en Mocoa pero aún no tiene licencia ambiental. La reserva habría impedido otorgársela [La Silla Vacía, 26/10]. Según La Silla, Serafino Iácono y Federico Restrepo, socios del presidente, se volvieron los principales accionistas de Copper Giant a través de Denarius Metals. Carlos Suárez estuvo en la junta de la empresa antes de presidir la de Ecopetrol, y la acción subió cerca de 60% desde el cambio de gobierno [La Silla Vacía, 26/10]. Iácono también es socio de Dominio De la Espriella, la licorera del presidente [La Silla Vacía, 20/10]. La gerente de Libero Cobre había dicho a La Silla que la resolución “muy probablemente” caería [La Silla Vacía, 26/10].
Siguen vigentes la reserva forestal de la Ley 2.ª de 1959, los parques nacionales, la ley de delitos ambientales y la sentencia de la Corte Suprema que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos [MinAmbiente, 26/10; Corte Suprema, STC 4360, 05/04/2018]. Ninguna de esas figuras cierra el bioma a nuevas concesiones mineras y petroleras.
La resolución original tenía fallas. Varios expertos señalaron que no atacaba el oro ilegal, la ganadería, la ocupación de baldíos ni las vías ilegales. Un gobierno con interés en proteger la Amazonía la habría corregido con una consulta completa y una norma mejor. Sin embargo, este la revocó entera, en la misma semana en que recortó $359.112 millones de inversión ambiental (ver N.º 19). Además, la revocatoria despeja el camino a un proyecto de cobre cuyos principales accionistas son socios del presidente. Eso no prueba que se haya hecho para favorecerlos, pero el conflicto de intereses es evidente y el gobierno no lo ha explicado. El argumento del oro ilegal tampoco aplica a Mocoa: el cobre solo se explota legalmente y a gran escala [La Silla Vacía, 26/10].
Paz
El 22 de octubre el presidente nombró a Viviane Morales consejera comisionada de Paz y encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo. Su mandato es revisar el cumplimiento del Acuerdo, auditar los recursos y desmontar lo que la Presidencia llama “la falsa paz” [El Heraldo, 23/10]. El comunicado oficial dice que el discurso de paz se ha usado como “instrumento para garantizar la impunidad” [IFM Noticias, 23/10]. El presidente anunció que la Unidad de Implementación será desmontada y pasará a la oficina del comisionado nacional de seguridad. Morales hará esa transición [La Silla Vacía, 23/10].
Morales renunció al Ministerio de Educación por razones personales hace mes y medio, y vuelve ahora con este cargo. Como senadora apoyó el Sí en el plebiscito, pero criticó la reglamentación del Acuerdo, incluida la JEP [La Silla Vacía, 23/10]. Su llegada se suma a otras decisiones sobre la paz:
- el recorte de $170.000 millones a la JEP en el presupuesto 2027 [La Silla Vacía, 23/10]
- los recortes a la ART, que maneja los PDET, y a la ARN, que maneja la reincorporación [Vanguardia, 25/10]
- la solicitud al Consejo de Seguridad de excluir la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de la ONU, que Juan Manuel Santos cuestionó como una “obligación constitucional” [Infobae, 14/10]
Todas apuntan en la misma dirección: menos implementación del Acuerdo. El mandato de la Misión vence el 31 de octubre.
Hacienda
El presupuesto 2027 expedido por decreto reduce la inversión regionalizada en 21 de los 32 departamentos. Las mayores reducciones son [El Espectador, 23/10]:
- Atlántico: $538.181 millones
- Antioquia: $451.252 millones
- Bolívar: $444.262 millones
- Tolima: $300.561 millones
- Norte de Santander: $207.376 millones
La inversión regionalizada queda en $86,9 billones. La versión que se cayó en el Congreso tenía $8,36 billones más [El Espectador, 23/10]. El recorte afecta incluso a departamentos donde ganó De la Espriella [Infobae, 11/10].
En su alocución del 25 de octubre, el presidente anunció un recorte de $267.000 millones: $192.000 millones en la Presidencia y el resto en la ART, la ARN, la UNGRD, APC Colombia y la Agencia Virgilio Barco. También anunció la terminación de 32 contratos de prestación de servicios [Vanguardia, 25/10]. La ley de rescate busca recortar cerca de $45 billones, el 2,2% del PIB. Hacienda la había prometido para la primera quincena de octubre y ahora la anuncia para la primera semana de noviembre, lo que deja seis semanas de trámite antes del 16 de diciembre [La República, 20/10].
Empresas del Estado
La Silla revisó los nombramientos en 68 empresas estatales. Encontró que 22 personas con vínculos personales o políticos con el presidente o con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, llegaron a juntas y presidencias. El círculo del presidente ocupa el 20% de esos cargos; en el gobierno Petro, el círculo presidencial ocupaba el 8% [La Silla Vacía, 26/10]. El gobierno que pide austeridad en la Presidencia reparte entre allegados las juntas de las empresas públicas. En el consejo de seguridad de San Andrés, el presidente posó con oficiales de la Armada a bordo del ARC 24 de Julio con una botella de Ron Defensor en la mesa. La marca es de su empresa Dominio De la Espriella [La Silla Vacía, 20/10].
Memoria y cultura
La JEP pidió al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional informes sobre todas las piezas retiradas entre el 1 y el 21 de octubre: uno en cinco días y otro en diez. Exigió el inventario individual, las órdenes, incluidas las verbales, los responsables y los guiones museográficos de antes y después [Cambio, 26/10]. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ya había admitido una tutela de la Unión Patriótica y de colectivos LGBTI. El juzgado ordenó conservar las piezas y prohibió retirar otras sin un acto administrativo [Portafolio, 19/10]. La exsenadora María José Pizarro denunció que el presidente habría ordenado destruir archivos audiovisuales del M-19 en RTVC. No presentó pruebas y RTVC no ha respondido [Publimetro, 23/10].
Ambiente y el Niño
En la misma alocución, el presidente lanzó una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas: “El primero en dar ejemplo voy a ser yo” [El Tiempo, 25/10]. La campaña no tiene metas, plazos ni sanciones [El Tiempo, 25/10]. La semana anterior el gobierno había recortado inversión al Ministerio de Ambiente y había dejado $3 billones menos para El Niño en el presupuesto 2027 (ver N.º 19).
Defensa y soberanía
Desde hoy y hasta el 11 de noviembre, más de 300 militares de Estados Unidos participan en el ejercicio Vanguardia del Sur en Tolemaida. El entrenamiento cubre antinarcóticos, minería ilegal, drones y evacuación médica [Infobae, 26/10]. El Comando Sur primero habló de “operaciones combinadas” y después corrigió a “operaciones simuladas”. El Tiempo reporta 350 militares estadounidenses y más de 400 colombianos. La Constitución exige autorización del Senado para el tránsito de tropas extranjeras [El Tiempo, 26/10]. El Ministerio de Defensa no ha dicho si la pidió.
Interior
Alejandro Ordóñez arma su equipo. La Silla reportó que un funcionario cercano a Carlos Suárez y un cuñado del senador Alfredo Deluque se perfilan para viceministerios [La Silla Vacía, 26/10].
Tolima
El departamento pierde $300.561 millones de inversión regionalizada en el presupuesto 2027, la cuarta reducción más grande del país [El Espectador, 23/10]. La cifra coincide con la del proyecto original, de modo que el paso por el Congreso no cambió el recorte. Ocurre en plena alerta por El Niño, cuando el área quemada en Tolima ha llegado a 1,62 veces la normal en años de ese fenómeno [Cambio, 07/10].
En veremos
- Amazonía: demandas contra la Resolución 1405, consulta con las comunidades afro y licenciamiento de Libero Cobre.
- Paz: desmonte de la Unidad de Implementación y primeras decisiones de Viviane Morales.
- Misión de la ONU: votación de la renovación antes del 31 de octubre.
- Presupuesto regionalizado: respuesta de gobernadores y bancadas regionales.
- Ley de rescate: radicación en la primera semana de noviembre.
- Museo Nacional: informes a la JEP y fallo de la tutela.
- Archivos del M-19 en RTVC: respuesta oficial.
- Tropas de Estados Unidos: autorización del Senado.
- Ley de sometimiento: plenarias antes del 5 de noviembre.
- Estatuto antiterrorista: radicación.
- Decreto 1599 del presupuesto: demanda de Racero.
- Consulta previa: firma de los decretos y demandas.
- Decreto 1525 de protesta: demanda en el Consejo de Estado.
- Bombardeo del 22 de octubre: identificación de los ocho muertos.
- CRIC: el plazo para el diálogo vence a mediados de noviembre.
- Paro nacional de noviembre.
- Fondo Milagro: manuales y primeros contratos.
- Tolima: recorte de inversión y El Niño.
Todas las decisiones, con fuente y fecha. Próxima edición: viernes 30 de octubre.
@andrstafurv
Nota: este expediente es elaborado por Claude, inteligencia artificial de Anthropic.
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