Expediente De la Espriella N.º 24

Martes 10 de noviembre de 2026

Decisiones del 6 al 10 de noviembre.

La Corte Constitucional declaró constitucionales las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que el gobierno está desmontando. En la sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Sala Plena avaló el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que las creó, con condiciones. Toda declaratoria o modificación de un APPA debe pasar por un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales. Los concejos pueden presentar observaciones, que el ministerio debe valorar de manera “efectiva y motivada”. El ministerio puede delimitar las áreas e identificar actividades incompatibles, pero no reglamentar el uso del suelo, que corresponde a los concejos [Infobae, 10/11; La Veintitrés, 10/11].

El fallo llega cuando el ministro Indalecio Dangond ya derogó las APPA de Sabana Centro, La Guajira, el suroeste de Antioquia y el norte del Tolima [Infobae, 10/11; La Voz del Pueblo, 09/11]. En el Tolima eran 48.494 hectáreas en ocho municipios: Fresno, Herveo, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa y Falan (ver N.º 23). La alcaldesa de Herveo, Gina Vanneza Silva, celebró la derogatoria: “Esta medida fue impuesta desde Bogotá” [La Voz del Pueblo, 09/11]. Según la investigación de Cambio, en el Tolima hay solicitudes de oro, plata y platino que se superponen con áreas que estaban protegidas [La Veintitrés, 10/11].

La sentencia rige hacia adelante y no anula de forma expresa las derogatorias ya firmadas. Pero tiene dos efectos. El primero: salva la figura que el gobierno quería eliminar, así que un futuro gobierno, o este mismo, puede volver a declarar APPA si concierta con los municipios. El segundo: exige concertación también para las modificaciones, y el ministerio derogó sin ella, lo que abre la puerta a demandar las derogatorias. La Corte también le da la razón al gobierno en un punto: el ministerio no puede decidir desde Bogotá el uso del suelo de los municipios. La solución que propone la Corte es concertar, no eliminar. La exministra Martha Carvajalino calificó la decisión como una garantía para la soberanía alimentaria [Infobae, 10/11].

Paz

El 4 de noviembre la Corte Constitucional le ordenó al gobierno presentar, en 30 días hábiles improrrogables, una hoja de ruta con metas verificables y recursos concretos para cumplir el Acuerdo de Paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo [El Nuevo Siglo, 09/11]. Lo hizo en el Auto 1538 de 2026, dentro del seguimiento a la sentencia SU-020 de 2022 sobre los firmantes del Acuerdo. La Corte identificó cinco bloqueos institucionales, señaló que hay $53.000 millones congelados para proyectos productivos de excombatientes y advirtió una posible reducción de 79,1% en la inversión de la ARN para 2027 [El Tiempo, 09/11]. Le pidió además incluir el componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones y garantizar presupuesto y personal a las entidades responsables [El Tiempo, 09/11].

El gobierno llama “falsa paz” a lo que la Corte trata como una obligación constitucional. En tres meses le recortó $170.000 millones a la JEP, redujo recursos de la ART y la ARN y anunció el desmonte de la Unidad de Implementación (ver N.º 20). Además, logró sacar la Reforma Rural del mandato de la Misión de la ONU (ver N.º 22). Ahora tiene 30 días hábiles para explicarle a la Corte con qué recursos va a cumplir.

Seguridad

El 9 de noviembre el gobierno hizo su séptimo bombardeo, la “Operación Noah”, contra el Frente 33 de la facción de alias Calarcá en zona rural de Tibú (Norte de Santander). Murieron cuatro personas y seis fueron capturadas, entre ellas alias “Barba Chivo”. Las autoridades incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones [Semana, 09/11]. El presidente firmó la bomba con la frase “Bienvenidos a la Patria Milagro terroristas”. Los militares dijeron que la entregarían “con 460 kilogramos de democracia”, y él respondió: “qué maravilla” [Semana, 09/11]. Ya no hay ninguna restricción judicial a los bombardeos en zonas con menores reclutados (ver N.º 21) [La Silla Vacía, 09/11]. Un jefe de Estado que firma una bomba con un lema de su campaña convierte una operación militar en propaganda. Tampoco ha informado si en este operativo verificó la presencia de menores.

El 8 de noviembre el presidente anunció una ofensiva con drones y sistemas antidrones para la Fuerza Pública. No dio cifras de costo, número de equipos ni proveedor. Acusó al gobierno anterior de dejar desprotegidos a soldados y policías y llamó a Petro “mitómano” [Semana, 08/11].

El 9 de noviembre ordenó trasladar a cárceles de otras regiones a los presos de Cómbita nacidos en Boyacá: “Donde los delincuentes hacen sus fechorías […] ahí no se pueden quedar”. No dijo cuántos presos serán trasladados, a qué cárceles ni con qué procedimiento [Infobae, 10/11].

Hacienda

El Ministerio de Hacienda evalúa un segundo recorte al presupuesto de 2026 para acercarse a la meta inicial de cerca de $20 billones. El primero fue de $13,8 billones. El viceministro Juan Sebastián Betancur reconoció que el déficit primario de 2026 quedará más cerca del 3,5% del PIB que de la meta de 3,3% [Infobae, 10/11]. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta para 2027 un déficit total de 9,5% del PIB y uno primario de 4,5%. Su presidente, Juan Carlos Ramírez, los calificó como “los niveles más altos en la historia del país” [Infobae, 10/11].

El 3 de noviembre el gobierno radicó un mensaje de urgencia para la ley de rescate. Con él, las comisiones de Senado y Cámara la debaten juntas y cada cámara tiene 30 días para decidir. En la carta, el gobierno escribió que la solución “no puede pasar por la creación de nuevos impuestos” [Portafolio, 03/11]. El mismo proyecto sube del 5% al 19% el IVA al café, el azúcar, las frutas y la sal (ver N.º 22). El 8 de noviembre, en Barranquilla, el gobierno y las comisiones económicas acordaron mesas técnicas; persisten diferencias en IVA, parafiscales y tamaño del Estado [Publimetro, 08/11]. El Centro Democrático apoya los recortes y revisará “artículo por artículo” el componente tributario. El Partido Conservador propondrá ajustes para proteger a la clase media [Noticias RCN, 04/11].

Reconstrucción

El vocero del gobierno, Miller Soto, informó en qué se usa el primer billón del Fondo Milagro: $332.000 millones para 7.385 viviendas, $4.600 millones para 920 pequeños comerciantes y más de $50.000 millones para demoliciones. Dijo que las donaciones privadas no entran al fondo ni al presupuesto [La Silla Vacía, 09/11]. Esas partidas suman unos $387.000 millones, el 39% del billón. No aclaró cuánto está contratado y cuánto ya se pagó.

El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá amparó el derecho de petición del senador Alejandro Ocampo. Ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda, explicar en 48 horas el manejo de las donaciones del terremoto: si recibió aportes de contratistas del Estado, el inventario de ayudas en especie y los informes que respaldan su balance [La Silla Vacía, 06/11; Vanguardia, 06/11]. La fundación reporta $54.589 millones en donaciones privadas. Cerca del 81% vino de la familia Gilinski, dueña de la revista Semana, y se destinará a reconstruir tres colegios y tres centros de salud en Cali [La Silla Vacía, 06/11]. La fundación había respondido que es una entidad privada y que las solicitudes eran “improcedentes” [Vanguardia, 06/11]. Vencido el plazo, Ocampo presentó un incidente de desacato [La Silla Vacía, 09/11]. El juez consideró relevante que la fundación participara en la estrategia del gobierno para atender la emergencia [Vanguardia, 06/11]. Por eso no basta con decir que es privada.

En veremos

• APPA: demandas contra las derogatorias hechas sin concertación con los municipios, y trámite de las solicitudes mineras en el norte del Tolima.
• Auto 1538 de la Corte: hoja de ruta del gobierno para el Acuerdo de Paz, en 30 días hábiles.
• Bombardeos: verificación de menores en la Operación Noah.
• Ofensiva con drones: costo, proveedor y contratación.
• Cómbita: número de presos trasladados y destino.
• Segundo recorte al presupuesto de 2026: monto y entidades afectadas.
• Ley de rescate: resultado de las mesas técnicas y primer debate en comisiones conjuntas.
• Paro nacional de la CUT: 19 de noviembre.
• Fondo Milagro: ejecución contratada y pagada del primer billón.
• Fundación de la primera dama: respuesta al juzgado y trámite del desacato.
• Balance de 100 días: domingo 15 de noviembre.
• Ley de sometimiento: decretos reglamentarios.
• Paz: decisiones de Viviane Morales y desmonte de la Unidad de Implementación.
• Fomag: plan de atención en salud para los docentes.
• Amazonía: demandas contra la Resolución 1405.
• Ríos Puerta: origen del préstamo a la campaña.
• Tropas de Estados Unidos: autorización del Senado.
• Estatuto antiterrorista: radicación.
• CRIC: vencimiento del plazo para el diálogo, a mediados de noviembre.
• Incendios en Tolima: entrega de los apoyos a las familias.

Todas las decisiones, con fuente y fecha. Próxima edición: viernes 13 de noviembre.

@andrstafurv

Nota: este expediente es elaborado por Claude, inteligencia artificial de Anthropic.